lunes, 17 de junio de 2013

Argentina y la Ley de Basura Electrónica, una deuda pendiente.

por Julio Sale Yalis

En Argentina, el proyecto de Ley de Basura Electrónica (o RAEE, por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) perdió estado parlamentario, al pasar el tiempo máximo en diputados sin ser tratado. Esto evidencia una serie de deficiencias que tiene el Estado argentino en cuanto a su política medioambiental, en especial respecto al tratamiento y reciclaje de la basura electrónica.
Se calcula que en Argentina, por habitante, se producen 3 kilos de basura electrónica por año. Esto equivale a 120.000 toneladas de residuos tecnológicos al año, de esta se reciclan sólo el 5%, el resto va a parar a la basura con los demás residuos no contaminantes, conteniendo en sus productos ingredientes tóxicos para la salud y el ambiente.
Si bien las empresas tienen normas para que sus productos no contengan en su elaboración  ingredientes como el plomo, el compromiso debe ser aún mayor y ofrecer productos y servicios que sean respetuosos con el medioambiente durante todo el trayecto de vida de los mismos. Y aquí es donde está una de las claves del problema del reciclado. En algunos países de Europa, las empresas están obligadas a hacerse cargo de sus productos durante todo el ciclo de vida. Esto significa que cuando dicho producto ya no sirve, deben proporcionar al comprador los medios para deshacerse de ellos sin dañar el ambiente y la salud.
De esta manera, ya son dos los responsables directos de los residuos tecnológicos, o por lo menos, de que no se estén tratando adecuadamente, ellos son, el Estado y las empresas que los producen. Sin embargo, las empresas tienen  una responsabilidad extra, ya que las mismas utilizaban gases dañinos para la capa de ozono, tales  como los: clorofluorocarbonos (CFC, compuesto de cloro y flúor); hidrobromofluorocarbonos (HBFC, compuesto de bromo y flúor); halón (forma parte de los CFC’s); 1,1,1-tricloroetano (TCA, compuesto sintético presente en solventes); tetracloruro de carbono (químico sintético de alta toxicidad) y bromuro de metilo (un bromuro 60 veces más destructor del ozono que el cloro). Todos estos  productos químicos han sido desechados de los procesos de fabricación por las mejores empresas. Las políticas empresariales mundiales de la ISO14001 (una norma creada en 1996 con el propósito de integrar los sistemas medioambientales en las prácticas de gestión empresarial), tiene mucho que ver en este aspecto, ya que insta a las empresas a abordar de forma activa el tema del impacto socio-medioambiental.
Pero de los desechos tecnológicos no todos son residuos, ya que los mismos tienen substancias (metales preciosos) que se reutilizan, tales como: cobre, paladio, plata, oro, plomo, níquel, silicio y platino, entre otros. Es sabido que hasta el 90% de la basura electrónica puede ser reciclado. Mientras la Unión Europea ha establecido políticas de reciclaje que llegan al 45% de los productos desechados, ya en algunos países de la misma Europa, como Alemania, Austria y Suecia se recicla casi el 70% de la basura electrónica.
En Argentina, juegan un rol muy importante las ONG’s, ya que las mismas se están encargando de juntar estos materiales para poder reciclarlos. Un ejemplo es la  ONG Basura Cero, ubicada en Villa Lugano, donde se realiza el reciclado de residuos electrónicos. En la inauguración de la planta de reciclaje, el Jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, dijo: “Tenemos que ver como replicar estas iniciativas a lo largo y ancho del país para transformar un problema, en una solución. De un problema que es no saber qué hacer con los residuos electrónicos, ahora los transformamos en una solución tanto en los términos de un producto concreto, como también reciclar esas unidades para que puedan seguir funcionando”.
Jefe de Gabinete Abal Medina








También es de destacar las acciones del grupo Greenpeace y su campaña a favor de la pronta sanción de una Ley de reciclado de materiales eléctricos y electrónicos.

Son cuatro los actores que juegan un rol importante en el reciclado de la basura electrónica: el Estado, las empresas, las ONG’s y los usuarios. Pero sin duda lo más importante es el tratamiento urgente de una ley en el Congreso de la Nación, para que los residuos tecnológicos no nos tapen.

Empresas como Panasonic marcan con un logo ecológico sus productos para indicar su compromiso con el medioambiente, además de una interesante leyenda: “LIBRE DE QUIMICOS, sustancias especificadas en RoSH”. (RoSH –del inglés: Restriction of Hazardous Substances- es una directiva de la Unión Europea que data de 2002, y trata sobre la restricción del uso en aparatos eléctricos y electrónicos, de seis productos químicos considerados como sustancias peligrosas: plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente y retardantes de llama brominados específicos (PBB y PBDE)).
¿Por qué se dejó caer la Ley de Basura Electrónica, después de una espera de más de cinco años? ¿Qué intereses mezquinos se ocultan tras ello? ¿Por qué el Gobierno Nacional no da batalla por esta ley tan fundamental, como lo hace por la Ley de Medios (menos importante)? Es posible que el objetivo sea quitarles responsabilidad a las empresas fabricantes, pero hay que hacer notar que son estas mismas empresas (multinacionales) las que ya en otros países se hacen responsables por los productos que fabrican, una vez que los mismos dejan de tener utilidad.
Si países progresistas como los europeos están abordando el tema con seriedad y responsabilidad, el espejo está allí. Exigir a los gobiernos la sanción de leyes que protejan el bienestar y la salud es un derecho de todos los ciudadanos, como así también exigir el cumplimiento de esas leyes por parte de las empresas. Y no hay que olvidar la responsabilidad propia que le pertenece a cada ciudadano. Después de todo, este mundo es donde se vive y, bien se sabe, ahí fuera hay todo un hermoso Universo, pero, por ahora, no hay donde mudarse.

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